El pasado miércoles por la tarde tuvimos ocasión de participar en el
encuentro que, organizado por el CICODE (Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo de la UGR), se celebró en el
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, para realizar unas primeras aportaciones y
debatir sobre la denominada "Ley Andaluza de Participación
Ciudadana", auspiciada desde la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía.
Estaba previsto que al acto asistiese la Directora General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado, Manuela Fernández Martín, que no pudo
hacerlo por razones de salud. No obstante, se envió a un
asesor, supongo, de la citada Directora General.
Tras la introducción del mencionado asesor, se plantearon
de inmediato varias cuestiones, en particular, la siguiente
pregunta: ¿Existe realmente voluntad política por parte
de los parlamentarios andaluces para aprobar un Proyecto de Ley
redactado por la ciudadanía?.
Posiblemente el asesor se encontró en un aprieto ante una
pregunta tan inesperada y trató, de la manera más
elegante posible, de salvar una situación que no estaba
prevista en "el guión". Dado que la cuestión
planteada podría generar un largo debate, lo más
adecuado era retirar la pregunta con objeto de no interferir en
el normal desarrollo de las actividades programadas para el
encuentro.
Como he dicho anteriormente, fueron varias las cuestiones que se
nos plantearon y ahora que no se interfiere en agenda alguna, me ha
parecido oportuno exponerlas como una carta abierta al Consejero de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía.
Sr. Consejero:
Permítame, ante todo, agradecerle el interés
con el que va a leer las líneas que siguen. Considerando que
su bien hacer en aras de la participación ciudadana en los
asuntos de gobierno de nuestra Comunidad le ha llevado a auspiciar
la participación de la ciudadanía en general, ya sea a
título personal o como integrantes de las fuerzas sociales,
institucionales y económicas, en la redacción de
la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana, no
parece descabellado presumir el interés anteriormente citado.
El miércoles se comentaba que la futura ley abrirá nuevos cauces de
participación de la ciudadanía en los "negocios"
del gobierno de nuestra tierra. Se puede entender, -tal vez erré
en la interpretación-, que desde su Consejería se está
tratando de dotar a los andaluces y andaluzas de instrumentos para
tal participación.
Si es así, Sr. Consejero, ¿por qué no dirige
sus esfuerzos a buscar medidas que eviten la criminalización
de los cauces de participación que han sido abiertos por la
propia ciudadanía?. ¿Por qué no trata de
evitar que decenas de ciudadanos y ciudadanas andaluces estén
siendo sancionados por utilizar tales cauces?. ¿Por qué
no inicia algún procedimiento para que las Fuerzas de
Seguridad del Estado dejen de tratar, a veces, a esos ciudadanos como
si fuesen delincuentes?.
Permítame algunas preguntas más, Sr. Consejero: ¿Qué
presupuesto tiene el proyecto para la "elaboración
ciudadana" de la L.A.P.C.?. ¿Cómo se va a
gastar ese presupuesto?. ¿Con qué medios humanos
cuenta?. ¿Cómo han accedido a los puestos de trabajo su
personal?. ¿Qué salarios tienen?.
Y otras cuestiones, Sr. Consejero: ¿Permitirá esa
futura
ley que la ciudadanía andaluza tenga capacidad para intervenir
en cuestiones tales como las decisiones relativas al cumplimiento o
no de los programas políticos por los que los integrantes de
los distintos partidos son elegidos para representarnos?.
¿Podremos los andaluces y andaluzas decidir sobre los
sueldos de nuestros mandatarios?. ¿Sobre otras muchas
prebendas de las que hoy están disfrutando nuestros
representantes y altos cargos de las distintas administraciones?.
¿Sobre la distribución del presupuesto y la
fiscalización del gasto?...
Tal vez, Sr. Consejero, lo que se pretende con esa futura ley no
es más que establecer un cauce, -totalmente controlado por
quienes detentan el poder político-, que venga a
cercenar la libre iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas de
Andalucía que desde diversos movimientos estamos postulando un
profundo cambio en nuestro modelo político, a la vez que una
auténtica participación en los quehaceres de gobierno.
Sr. Consejero, haga partícipes a los ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía de las cuestiones anteriormente
planteadas. Haga efectiva, Sr. Consejero, esa transparencia que los
asesores de su gabinete predican. Supongo que me comprenderá
si le manifiesto que sin esa transparencia, sus iniciativas podrían
ser entendidas como vulgares pantallas que tratan de esconder esas
presuntas oscuras intenciones.
Atentamente,
Pedro L. Alcántara
viernes, 14 de diciembre de 2012
sábado, 17 de noviembre de 2012
Desahucios. El primer paso Institucional.-
Hace poco más de una semana comentaba en otro blog la
necesidad de la adopción de medidas de carácter urgente
que viniesen a paralizar los desahucios que a diario se venían
produciendo en nuestro país.
Me preguntaba la razón por la que el Gobierno del Estado no utilizaba la figura legislativa del Decreto Ley para atajar una situación que era insostenible y se estaba convirtiendo en una auténtica lacra social.
Ayer entró en vigor el R.D.L. 27/2012, de 15 de Noviembre, que significa un primer paso institucional para dar respuesta a aquella necesidad.
Si bien es cierto que la citada norma no va a amparar todos los casos de posibles desahucios, no lo es menos que mediante la misma se podrá evitar que un importante número de familias sean arrojadas a la calle. Familias que se encuentran en las condiciones socioeconómicas más vulnerables.
A pesar de las críticas que desde distintos sectores se han hecho al contenido del R.D.L., entiendo que se ha de hacer una valoración positiva, considerando que hasta hace escasas fechas no existía amparo alguno para la totalidad de las familias afectadas por procedimientos de desahucios.
Habrá que buscar otras vías para los casos que no puedan acogerse a la nueva norma, especialmente los relativos a familias en régimen de alquiler. En cierta manera, el propio R.D.L., nos da una pista, al encomendar al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas, que, en base a presupuestos de igualdad y justicia, se podría hacer extensivo a las familias que no estén amparadas por aquella norma.
Pedro L. Alcántara
EXTRACTO R.D.L. 27-2012.-
Me preguntaba la razón por la que el Gobierno del Estado no utilizaba la figura legislativa del Decreto Ley para atajar una situación que era insostenible y se estaba convirtiendo en una auténtica lacra social.
Ayer entró en vigor el R.D.L. 27/2012, de 15 de Noviembre, que significa un primer paso institucional para dar respuesta a aquella necesidad.
Si bien es cierto que la citada norma no va a amparar todos los casos de posibles desahucios, no lo es menos que mediante la misma se podrá evitar que un importante número de familias sean arrojadas a la calle. Familias que se encuentran en las condiciones socioeconómicas más vulnerables.
A pesar de las críticas que desde distintos sectores se han hecho al contenido del R.D.L., entiendo que se ha de hacer una valoración positiva, considerando que hasta hace escasas fechas no existía amparo alguno para la totalidad de las familias afectadas por procedimientos de desahucios.
Habrá que buscar otras vías para los casos que no puedan acogerse a la nueva norma, especialmente los relativos a familias en régimen de alquiler. En cierta manera, el propio R.D.L., nos da una pista, al encomendar al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas, que, en base a presupuestos de igualdad y justicia, se podría hacer extensivo a las familias que no estén amparadas por aquella norma.
Pedro L. Alcántara
EXTRACTO R.D.L. 27-2012.-
viernes, 19 de octubre de 2012
La clave está en E.T.A.-
Sostuvo Albert Einstein que “Dios no juega a los dados con el Universo”. Algunas décadas después, Stephen Hawking manifestó que: “Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos”.
Hacia tiempo que mi amigo Ramiro y yo no nos sentábamos frente a frente para “perdemos” en una de esas largas charlas sobre asuntos que nos apasionan. Ha sido el adelanto de las elecciones en Euskadi lo que hoy nos ha reunido frente a unas cañas de cerveza.Desde que el lehendakari, Patxi López, anunció la fecha de las elecciones, se han producido distintas manifestaciones de los representantes de unos y otros partidos. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha puesto en duda lo afirmado por el lehendakari sobre la “imposiblidad” de un pacto postelectoral del PSE con Bildu. Urkullu, sin embargo, no ha descartado el pacto del PNV con esa formación política. Patxi López tampoco ha descartado un pacto con el PNV.
Ramiro y yo nos hemos preguntado: ¿Qué resultados se podrían dar en los comicios del próximo 21-O?. Pensamos que el PP tendrá que conformarse con ir de “convidado de piedra”. El PSE, tras su pacto con el PP, creemos que no tiene unas expectativas demasiado halagüeñas. El PNV, probablemente, recuperará una parte de lo que dejó en el camino en las últimas elecciones. UPyD, -aunque las últimas encuestas sitúan a este partido en una posición relevante a nivel nacional-, estimamos que no tiene mucho que hacer en Euskadi. ¿Y la coalición Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen.?. Si consideramos los resultados de las convocatorias electorales a las que se ha presentado, -sin olvidar los resultados de la coalición Amaiur en las últimas Elecciones Generales-, no sería muy descabellado sostener que se les presenta un futuro prometedor. ¿Y Sortu?. ¿Se presentará a las elecciones?. Pensar que sí nos parece lo más sensato.
Creemos que ninguna de las formaciones políticas que concurran a los comicios obtendría mayoría suficiente para formar gobierno. Por lo tanto, juguemos a los dados.
En las actuales circunstancias creemos que las posibilidades de pactos postelectorales están limitadas. Veamos :
1ª PNV-Bildu; 2ª PNV-PSE; 3ª PNV-UPyD (sería un milagro, pero no lo descartemos) 4ª ¿Bildu- Sortu? (difícil al día de hoy). ¿Alguna más?. Tal vez.
¿Que pasaría si Euskadi Ta Askatasuna anunciase antes de que comience la campaña electoral el abandono definitivo de las armas, su disolución como banda terrorista?. Probablemente las posibilidades se ampliarían. Tiremos de nuevo los dados.
Desde una perspectiva estrictamente electoral, ¿a quienes beneficiaría directamente ese anuncio?. Estamos convencidos de que los principales beneficiarios serían la coalición Bildu y Sortu. No podemos olvidar al PNV, que también podría salir reforzado.
Pero hay más, se beneficiaría Euskadi y, sin dudas, el resto del país. ¿Y los “efectos colaterales”?. El actual lehendakari, Patxi López, se podría instalar en la sede de Ferraz, -para tomar “el timón de la maltrecha nave” del PSOE-, sin la rémora de una humillante derrota electoral, porque la misma se debería a un hecho “sobrevenido”. Y con el PP, ¿que pasaría?. Si aún no ha “implosionado” para esas fechas, perdería uno de los principales “estandartes” que tiene izado en el palo mayor de una nave que está ya a la deriva. Perdería su “mascarón de proa”.
Parece que ha llegado la hora de la verdad para “esos chicos de las pistolas”, -que gustaba decir Arzallus-, para esos “compañeros patriotas”, – que dijo Arnaldo Otegui-. Tendrán que plantearse qué sienten que son realmente. ¿Se considerarán unos gudaris y se “inmolarán” por la Patria Vasca, o, tal vez, no se sientan más que unos delincuentes y prefieran seguir como están?.
Pedro L. Alcántara
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