Estaba previsto que al acto asistiese la Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, Manuela Fernández Martín, que no pudo hacerlo por razones de salud. No obstante, se envió a un asesor, supongo, de la citada Directora General.
Tras la introducción del mencionado asesor, se plantearon de inmediato varias cuestiones, en particular, la siguiente pregunta: ¿Existe realmente voluntad política por parte de los parlamentarios andaluces para aprobar un Proyecto de Ley redactado por la ciudadanía?.
Posiblemente el asesor se encontró en un aprieto ante una pregunta tan inesperada y trató, de la manera más elegante posible, de salvar una situación que no estaba prevista en "el guión". Dado que la cuestión planteada podría generar un largo debate, lo más adecuado era retirar la pregunta con objeto de no interferir en el normal desarrollo de las actividades programadas para el encuentro.
Como he dicho anteriormente, fueron varias las cuestiones que se nos plantearon y ahora que no se interfiere en agenda alguna, me ha parecido oportuno exponerlas como una carta abierta al Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
Sr. Consejero:
Permítame, ante todo, agradecerle el interés con el que va a leer las líneas que siguen. Considerando que su bien hacer en aras de la participación ciudadana en los asuntos de gobierno de nuestra Comunidad le ha llevado a auspiciar la participación de la ciudadanía en general, ya sea a título personal o como integrantes de las fuerzas sociales, institucionales y económicas, en la redacción de la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana, no parece descabellado presumir el interés anteriormente citado.
El miércoles se comentaba que la futura ley abrirá nuevos cauces de participación de la ciudadanía en los "negocios" del gobierno de nuestra tierra. Se puede entender, -tal vez erré en la interpretación-, que desde su Consejería se está tratando de dotar a los andaluces y andaluzas de instrumentos para tal participación.
Si es así, Sr. Consejero, ¿por qué no dirige sus esfuerzos a buscar medidas que eviten la criminalización de los cauces de participación que han sido abiertos por la propia ciudadanía?. ¿Por qué no trata de evitar que decenas de ciudadanos y ciudadanas andaluces estén siendo sancionados por utilizar tales cauces?. ¿Por qué no inicia algún procedimiento para que las Fuerzas de Seguridad del Estado dejen de tratar, a veces, a esos ciudadanos como si fuesen delincuentes?.
Permítame algunas preguntas más, Sr. Consejero: ¿Qué presupuesto tiene el proyecto para la "elaboración ciudadana" de la L.A.P.C.?. ¿Cómo se va a gastar ese presupuesto?. ¿Con qué medios humanos cuenta?. ¿Cómo han accedido a los puestos de trabajo su personal?. ¿Qué salarios tienen?.
Tal vez, Sr. Consejero, lo que se pretende con esa futura ley no es más que establecer un cauce, -totalmente controlado por quienes detentan el poder político-, que venga a cercenar la libre iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que desde diversos movimientos estamos postulando un profundo cambio en nuestro modelo político, a la vez que una auténtica participación en los quehaceres de gobierno.
Sr. Consejero, haga partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía de las cuestiones anteriormente planteadas. Haga efectiva, Sr. Consejero, esa transparencia que los asesores de su gabinete predican. Supongo que me comprenderá si le manifiesto que sin esa transparencia, sus iniciativas podrían ser entendidas como vulgares pantallas que tratan de esconder esas presuntas oscuras intenciones.
Atentamente,
Pedro L. Alcántara
