Manifiesto Ley de Educación.-
Desde
el inicio de nuestro iter en democracia se han promulgado diversas
leyes que, con mayor o menor fortuna, han tratado de orientar el
sistema educativo en nuestro país.
En
todas ellas es posible encontrar un “denominador” común:
han dado respuesta a las ideologías, creencias y/o intereses
del partido político que ha “diseñado” y aprobado
cada uno de los textos normativos.
Sectores
de la ciudadanía y de la comunidad educativa, -generalmente en
la oposición al partido de turno-, se han mostrado
beligerantes con unos “diseños” u otros. Desde
la LOCE, de 1980, hasta la LOMCE, de reciente aprobación, han
sido contestadas o reprobadas las distintas leyes que han entrado en
vigor o, incluso, la que no llegó a entrar.
Los
“frutos” de este auténtico despropósito a nivel
normativo, los estamos recogiendo desde hace ya demasiados años:
un elevado índice de fracaso escolar, así como una
ignorancia supina, -empleando una expresión muy del gusto de
un “viejo profesor”-, en un elevado número de jóvenes
que llegan a nuestras universidades.
Es,
desde mi perspectiva, lacerante que, traspasada ya la barrera del
segundo lustro del siglo XXI, la ciudadanía de este país
sigamos permitiendo que la educación de nuestros niños
y jóvenes continúe siendo un “casus belli” entre
las distintas formaciones políticas; que siga siendo una
materia al servicio de esas ideologías, creencias y/o
intereses que comentaba más arriba.
Ya
no es sólo el momento de salir a las calles para protestar por
unos recortes o los contenidos de carácter restrictivo que
pueda tener una determinada ley, -que también hay que
hacerlo-, sino de exigir con contundencia a nuestros representantes
políticos un texto normativo que dé respuesta a las
necesidades de los educandos y no a los distintos intereses de los
partidos políticos.
Con
contundencia no quiere decir con violencia, sino con la autoridad y
el poder que dimanan de la soberanía, de la que somos
titulares los ciudadanos y ciudadanas de este país.
No
podemos seguir consintiendo, -no ya por nosotros, sino por quienes
están llamados a sucedernos-, que un sector de nuestros
representantes políticos impongan una ley de educación
manifiestamente contraria a los intereses generales de la mayoría
de la ciudadanía; ni podemos seguir consintiendo que otros
sectores de nuestros representantes políticos manifiesten que
la ley nace con una determinada “fecha de caducidad”.
No
podemos seguir consintiendo que una norma que regula materias que
son fundamentales en el acervo de un país, continúe
siendo una simple “arma arrojadiza” en las disputas de nuestros
negligentes representantes políticos.
Y
somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, los
que podemos poner remedio a una situación, para mí, tan
bochornosa.
Somos
nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, quienes les podemos exigir a
nuestros representantes políticos que habiliten las vías
necesarias para que la próxima ley de educación sea una
norma consensuada y aceptada por todo el espectro político y,
especialmente, por la ciudadanía.
Una
norma cuyo objetivo fundamental sea la formación integral de
nuestros educandos, tanto a nivel profesional como a nivel personal;
en esta última vertiente, como ciudadanos y ciudadanas que
conforman y conformarán nuestra sociedad del siglo XXI.
Una
norma que consolide en nuestro sistema educativo una enseñanza
que no sólo les forme a nivel intelectual o técnico,
sino que fomente entre nuestros niños y jóvenes la
cooperación, la solidaridad y la participación en la
gestión de lo que es patrimonio de la ciudadanía.
Una
norma que destierre de una vez materias cuya docencia o
adoctrinamiento tienen su espacio en las familias, las sacristías
o en el seno de cualquier creencia u orientación religiosa.
De
esta manera, proponemos la eliminación del currículo de
cualquier asignatura que desarrolle la enseñanza de cualquier
religión o creencia, integrando en el mismo una asignatura
troncal, -desde la Enseñanza Primaria hasta los estudios
universitarios-, que forme a los educandos en la línea que
comentaba en un párrafo anterior.
Tal
vez así, aquellos que están llamados a sucedernos,
conocedores de sus derechos y obligaciones, no tengan que esperar más
de treinta años para expresar la rotunda oposición ante
las veleidades de nuestros representantes políticos.
Pedro
L. Alcántara
pedroleopoldoalcantara@gmail.com
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Imágenes:
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Partidos
políticos con representación parlamentaria.- Congreso
de los Diputados.-
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