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martes, 9 de julio de 2013

Carta Abierta al Presidente de la Junta de Andalucía.-




Es indignante, presidente, ¡INDIGNANTE!.

Hace unos minutos he conocido, a través de los informativos de TVE-A, que el portavoz de la Junta de Andalucía ha manifestado que esta institución asumirá el coste de la defensa de aquellas personas, -políticos y funcionarios, me ha parecido entender-, que están imputadas en el caso de los ERE's, aduciendo que ello está contemplado en los Reglamentos.

Confieso que la indignación que he sentido ha sido de tales proporciones que aún me tiemblan las manos sobre el teclado.

¿Cómo es posible que muchos ciudadanos y ciudadanas no puedan acudir a los tribunales por falta de recursos económicos para abonar las nuevas tasas y a unas personas que presuntamente han delinquido contra los intereses de toda la ciudadanía se les otorgue un trato tan preferente?.

¿Cómo es posible que presuntos delincuentes, que presuntamente han saqueado los fondos públicos, enriqueciéndose, -o enriqueciendo a sus acólitos-, tan injustamente, se vean ahora beneficiados con el pago de los costes de sus defensas a cargo de unos fondos que pertenecen a toda la ciudadanía?.

¿Hasta dónde piensan llegar ustedes, presidente?. ¿No les basta con tanta corrupción y corruptelas que durante décadas han sentado sus reales en la Administración Pública Andaluza?. ¿No les basta con las prerrogativas que las normas vigentes les conceden por ser representantes de la ciudadanía?.

¿Y son ustedes los que militan en un partido que se denomina “Socialista y Obrero”?.

Por favor, presidente, déjense ya de abusar del miedo, del hartazgo, de la falta de información, de la falta de formación política y del pasotismo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta Andalucía nuestra.

Asuman sus responsabilidades de una vez. Recuerden que si están donde están es porque esos ciudadanos y ciudadanas han confiado en ustedes y les han cedido temporalmente el poder y la autoridad, -de las que nosotros somos titulares-, para que gestionen los asuntos que afectan a todos, los asuntos Públicos. Sin esa cesión temporal de poder y autoridad, ustedes no serían más que cualquier otro ciudadano y ciudadana...Y deberían seguir siendo así, aún revestidos de ese poder y autoridad.

No vengan a decirnos que como unos reglamentos así lo establecen, van a pagar con el dinero de todos los andaluces y andaluzas la defensa de unos presuntos delincuentes.

Ello será todo lo legal que ustedes quieran, [no olvidemos, no obstante, que han gozado durante más de treinta años de la capacidad suficiente para legislar según su criterios...o intereses.], pero, desde mi perspectiva, es totalmente ilegítimo e injusto.

No queremos, presidente, que nos ofrezcan, -como a niños inconscientes-, unos “caramelitos” envueltos en magníficos envoltorios que denominan Ley Andaluza de Participación Ciudadana o Ley de Transparencia. No, presidente, queremos un control efectivo sobre la política institucional y la gestión de lo Público.

Ha quedado suficientemente demostrado en estos años de democracia representativa, que no ejercer ese control sobre ustedes ha convertido nuestra democracia en un presunto reducto en el que se ha dado presuntamente asilo a individuos de presuntamente sospechosa catadura moral, o, para ser más explícitos, en una presunta cueva de presuntos ladrones.

Ustedes, y nosotros por consentirlo, presidente, hemos prostituido nuestra democracia. Una democracia que es necesario rescatar de las sórdidas mancebías  a las que la hemos desterrado.

Esto que le estoy diciendo a usted, Presidente de la Junta de Andalucía, se lo puedo decir igualmente al Presidente del Gobierno de España. A los que militan en el Partido Socialista Obrero Español y a los que militan en el Partido Popular.

Desgraciadamente, ni un partido ni otro ha velado por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, sino por los suyos propios, ya sea a nivel de partido o de determinados componentes de los mismos, traicionando de manera reiterada la confianza que la ciudadanía ha depositado en ustedes.

Ya he comentado con anterioridad que se ha permitido que la corrupción y las corruptelas se extiendan por nuestros “tejidos políticos” como un cáncer infiltrante, que está afectando desde la Corona hasta las más modestas administraciones locales.

Y esto no puede seguir así, presidente. Durante meses he venido postulando un profundo cambio en nuestro sistema político realizado desde la no violencia y en el marco de las instituciones.

No es una idea tan descabellada, considerando que esa fue la manera en la que transitamos de un estado totalitario a un estado democrático.

En otros foros se  aboga por acciones más contundentes. Ya no sé que decir ante tanta “falta de sensibilidad” por parte de nuestros representantes políticos.

O lideran ustedes, con la participación de la ciudadanía, ese profundo cambio sin mayores dilaciones, o, en cualquier momento, este país se podría ver envuelto en un grave conflicto social de consecuencias impredecibles.

Cordialmente,


Pedro L. Alcántara
pedroleopoldoalcantara@gmail.com
facebook.com/pedroleopoldo.alcantara
 






viernes, 14 de diciembre de 2012

Ley Andaluza de Participación Ciudadana: ¿Para qué?.- Carta abierta al Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.

El pasado miércoles por la tarde tuvimos ocasión de participar en el encuentro que, organizado por el CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la UGR), se celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, para realizar  unas primeras aportaciones y debatir sobre la denominada "Ley Andaluza de Participación Ciudadana", auspiciada desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.

Estaba previsto que al acto asistiese la Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, Manuela Fernández Martín, que no pudo hacerlo por razones de salud.  No obstante, se envió a un asesor, supongo, de la citada Directora General.

Tras la introducción del mencionado asesor, se plantearon de inmediato varias cuestiones, en particular,  la siguiente pregunta: ¿Existe realmente voluntad política por parte de los parlamentarios andaluces para aprobar un Proyecto de Ley redactado por la ciudadanía?.

Posiblemente el asesor se encontró en un aprieto ante una pregunta tan inesperada y trató, de la manera más elegante posible, de salvar una situación que no estaba prevista en "el guión". Dado que la cuestión planteada podría generar un largo debate, lo más adecuado era  retirar la pregunta con objeto de no interferir en el normal desarrollo de las actividades programadas para el encuentro.


Como he dicho anteriormente, fueron varias las cuestiones que se nos plantearon y ahora que no se interfiere en agenda alguna, me ha parecido oportuno exponerlas como una carta abierta al Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
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Sr. Consejero:
Permítame, ante todo,  agradecerle el interés con el que va a leer las líneas que siguen. Considerando que su bien hacer en aras de la participación ciudadana en los asuntos de gobierno de nuestra Comunidad le ha llevado a auspiciar la participación de la ciudadanía en general, ya sea a título personal o como integrantes de las fuerzas sociales, institucionales y económicas,  en la redacción de la futura Ley  Andaluza de Participación Ciudadana, no parece descabellado presumir el interés anteriormente citado.

El miércoles se comentaba que la futura ley abrirá nuevos cauces de participación de la ciudadanía en los "negocios" del gobierno de nuestra tierra. Se puede entender, -tal vez erré en la interpretación-, que desde su Consejería se está tratando de dotar a los andaluces y andaluzas de instrumentos para tal participación.

Si es así, Sr. Consejero, ¿por qué no dirige sus esfuerzos a buscar medidas que eviten la criminalización de los cauces de participación que han sido abiertos por la propia ciudadanía?.  ¿Por qué no trata de evitar  que decenas de ciudadanos y ciudadanas andaluces estén siendo sancionados por utilizar tales cauces?. ¿Por qué  no inicia algún procedimiento para que las Fuerzas de Seguridad del Estado dejen de tratar, a veces, a esos ciudadanos como si fuesen delincuentes?.

Permítame algunas preguntas más, Sr. Consejero: ¿Qué presupuesto tiene el proyecto para la "elaboración ciudadana" de la L.A.P.C.?.  ¿Cómo se va a gastar ese presupuesto?. ¿Con qué medios humanos cuenta?. ¿Cómo han accedido a los puestos de trabajo su personal?. ¿Qué salarios tienen?.

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Y otras cuestiones, Sr. Consejero: ¿Permitirá esa futura ley que la ciudadanía andaluza tenga capacidad para intervenir en cuestiones tales como las decisiones relativas al cumplimiento o no de los programas políticos por los que los integrantes de los distintos partidos  son elegidos para representarnos?. ¿Podremos los andaluces y andaluzas decidir sobre  los sueldos de nuestros mandatarios?. ¿Sobre otras muchas prebendas de las que hoy están disfrutando nuestros representantes y altos cargos de las distintas administraciones?.  ¿Sobre la distribución del presupuesto y la fiscalización del gasto?...

Tal vez, Sr. Consejero, lo que se pretende con esa futura ley no es más que establecer un cauce, -totalmente controlado por quienes detentan el poder político-,  que venga a  cercenar la libre iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que desde diversos movimientos estamos postulando un profundo cambio en nuestro modelo político, a la vez que una auténtica participación en los quehaceres de gobierno.

Sr. Consejero, haga partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía  de las cuestiones anteriormente planteadas. Haga efectiva, Sr. Consejero, esa transparencia que los asesores de su gabinete predican. Supongo que me comprenderá si le manifiesto que sin esa transparencia, sus iniciativas podrían ser entendidas como vulgares pantallas que tratan de esconder esas presuntas oscuras intenciones.

Atentamente,
Pedro L. Alcántara