Me preguntaba la razón por la que el Gobierno del Estado no utilizaba la figura legislativa del Decreto Ley para atajar una situación que era insostenible y se estaba convirtiendo en una auténtica lacra social.
Ayer entró en vigor el R.D.L. 27/2012, de 15 de Noviembre, que significa un primer paso institucional para dar respuesta a aquella necesidad.
Si bien es cierto que la citada norma no va a amparar todos los casos de posibles desahucios, no lo es menos que mediante la misma se podrá evitar que un importante número de familias sean arrojadas a la calle. Familias que se encuentran en las condiciones socioeconómicas más vulnerables.
A pesar de las críticas que desde distintos sectores se han hecho al contenido del R.D.L., entiendo que se ha de hacer una valoración positiva, considerando que hasta hace escasas fechas no existía amparo alguno para la totalidad de las familias afectadas por procedimientos de desahucios.
Habrá que buscar otras vías para los casos que no puedan acogerse a la nueva norma, especialmente los relativos a familias en régimen de alquiler. En cierta manera, el propio R.D.L., nos da una pista, al encomendar al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas, que, en base a presupuestos de igualdad y justicia, se podría hacer extensivo a las familias que no estén amparadas por aquella norma.
Pedro L. Alcántara
EXTRACTO R.D.L. 27-2012.-
