El pasado miércoles por la tarde tuvimos ocasión de participar en el
encuentro que, organizado por el CICODE (Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo de la UGR), se celebró en el
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, para realizar unas primeras aportaciones y
debatir sobre la denominada "Ley Andaluza de Participación
Ciudadana", auspiciada desde la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía.
Estaba previsto que al acto asistiese la Directora General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado, Manuela Fernández Martín, que no pudo
hacerlo por razones de salud. No obstante, se envió a un
asesor, supongo, de la citada Directora General.
Tras la introducción del mencionado asesor, se plantearon
de inmediato varias cuestiones, en particular, la siguiente
pregunta: ¿Existe realmente voluntad política por parte
de los parlamentarios andaluces para aprobar un Proyecto de Ley
redactado por la ciudadanía?.
Posiblemente el asesor se encontró en un aprieto ante una
pregunta tan inesperada y trató, de la manera más
elegante posible, de salvar una situación que no estaba
prevista en "el guión". Dado que la cuestión
planteada podría generar un largo debate, lo más
adecuado era retirar la pregunta con objeto de no interferir en
el normal desarrollo de las actividades programadas para el
encuentro.
Como he dicho anteriormente, fueron varias las cuestiones que se
nos plantearon y ahora que no se interfiere en agenda alguna, me ha
parecido oportuno exponerlas como una carta abierta al Consejero de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía.
Sr. Consejero:
Permítame, ante todo, agradecerle el interés
con el que va a leer las líneas que siguen. Considerando que
su bien hacer en aras de la participación ciudadana en los
asuntos de gobierno de nuestra Comunidad le ha llevado a auspiciar
la participación de la ciudadanía en general, ya sea a
título personal o como integrantes de las fuerzas sociales,
institucionales y económicas, en la redacción de
la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana, no
parece descabellado presumir el interés anteriormente citado.
El miércoles se comentaba que la futura ley abrirá nuevos cauces de
participación de la ciudadanía en los "negocios"
del gobierno de nuestra tierra. Se puede entender, -tal vez erré
en la interpretación-, que desde su Consejería se está
tratando de dotar a los andaluces y andaluzas de instrumentos para
tal participación.
Si es así, Sr. Consejero, ¿por qué no dirige
sus esfuerzos a buscar medidas que eviten la criminalización
de los cauces de participación que han sido abiertos por la
propia ciudadanía?. ¿Por qué no trata de
evitar que decenas de ciudadanos y ciudadanas andaluces estén
siendo sancionados por utilizar tales cauces?. ¿Por qué
no inicia algún procedimiento para que las Fuerzas de
Seguridad del Estado dejen de tratar, a veces, a esos ciudadanos como
si fuesen delincuentes?.
Permítame algunas preguntas más, Sr. Consejero: ¿Qué
presupuesto tiene el proyecto para la "elaboración
ciudadana" de la L.A.P.C.?. ¿Cómo se va a
gastar ese presupuesto?. ¿Con qué medios humanos
cuenta?. ¿Cómo han accedido a los puestos de trabajo su
personal?. ¿Qué salarios tienen?.
Y otras cuestiones, Sr. Consejero: ¿Permitirá esa
futura
ley que la ciudadanía andaluza tenga capacidad para intervenir
en cuestiones tales como las decisiones relativas al cumplimiento o
no de los programas políticos por los que los integrantes de
los distintos partidos son elegidos para representarnos?.
¿Podremos los andaluces y andaluzas decidir sobre los
sueldos de nuestros mandatarios?. ¿Sobre otras muchas
prebendas de las que hoy están disfrutando nuestros
representantes y altos cargos de las distintas administraciones?.
¿Sobre la distribución del presupuesto y la
fiscalización del gasto?...
Tal vez, Sr. Consejero, lo que se pretende con esa futura ley no
es más que establecer un cauce, -totalmente controlado por
quienes detentan el poder político-, que venga a
cercenar la libre iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas de
Andalucía que desde diversos movimientos estamos postulando un
profundo cambio en nuestro modelo político, a la vez que una
auténtica participación en los quehaceres de gobierno.
Sr. Consejero, haga partícipes a los ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía de las cuestiones anteriormente
planteadas. Haga efectiva, Sr. Consejero, esa transparencia que los
asesores de su gabinete predican. Supongo que me comprenderá
si le manifiesto que sin esa transparencia, sus iniciativas podrían
ser entendidas como vulgares pantallas que tratan de esconder esas
presuntas oscuras intenciones.
Atentamente,
Pedro L. Alcántara
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