Ley de Educación: Manifiesto.-

Manifiesto Ley de Educación.-

Desde el inicio de nuestro iter en democracia se han promulgado diversas leyes que, con mayor o menor fortuna, han tratado de orientar el sistema educativo en nuestro país.

En todas ellas es posible encontrar un “denominador” común: han dado respuesta a las ideologías, creencias y/o intereses del partido político que ha “diseñado” y aprobado cada uno de los textos normativos.

Sectores de la ciudadanía y de la comunidad educativa, -generalmente en la oposición al partido de turno-, se han mostrado beligerantes con unos “diseños” u otros. Desde la LOCE, de 1980, hasta la LOMCE, de reciente aprobación, han sido contestadas o reprobadas las distintas leyes que han entrado en vigor o, incluso, la que no llegó a entrar.

Los “frutos” de este auténtico despropósito a nivel normativo, los estamos recogiendo desde hace ya demasiados años: un elevado índice de fracaso escolar, así como una ignorancia supina, -empleando una expresión muy del gusto de un “viejo profesor”-, en un elevado número de jóvenes que llegan a nuestras universidades.

Es, desde mi perspectiva, lacerante que, traspasada ya la barrera del segundo lustro del siglo XXI, la ciudadanía de este país sigamos permitiendo que la educación de nuestros niños y jóvenes continúe siendo un “casus belli” entre las distintas formaciones políticas; que siga siendo una materia al servicio de esas ideologías, creencias y/o intereses que comentaba más arriba.

Ya no es sólo el momento de salir a las calles para protestar por unos recortes o los contenidos de carácter restrictivo que pueda tener una determinada ley, -que también hay que hacerlo-, sino de exigir con contundencia a nuestros representantes políticos un texto normativo que dé respuesta a las necesidades de los educandos y no a los distintos intereses de los partidos políticos.

Con contundencia no quiere decir con violencia, sino con la autoridad y el poder que dimanan de la soberanía, de la que somos titulares los ciudadanos y ciudadanas de este país.

No podemos seguir consintiendo, -no ya por nosotros, sino por quienes están llamados a sucedernos-, que un sector de nuestros representantes políticos impongan una ley de educación manifiestamente contraria a los intereses generales de la mayoría de la ciudadanía; ni podemos seguir consintiendo que otros sectores de nuestros representantes políticos manifiesten que la ley nace con una determinada “fecha de caducidad”.

No podemos seguir consintiendo que una norma que regula materias que son fundamentales en el acervo de un país, continúe siendo una simple “arma arrojadiza” en las disputas de nuestros negligentes representantes políticos.

Y somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, los que podemos poner remedio a una situación, para mí, tan bochornosa.

Somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, quienes les podemos exigir a nuestros representantes políticos que habiliten las vías necesarias para que la próxima ley de educación sea una norma consensuada y aceptada por todo el espectro político y, especialmente, por la ciudadanía.

Una norma cuyo objetivo fundamental sea la formación integral de nuestros educandos, tanto a nivel profesional como a nivel personal; en esta última vertiente, como ciudadanos y ciudadanas que conforman y conformarán nuestra sociedad del siglo XXI.

Una norma que consolide en nuestro sistema educativo una enseñanza que no sólo les forme a nivel intelectual o técnico, sino que fomente entre nuestros niños y jóvenes la cooperación, la solidaridad y la participación en la gestión de lo que es patrimonio de la ciudadanía.

Una norma que destierre de una vez materias cuya docencia o adoctrinamiento tienen su espacio en las familias, las sacristías o en el seno de cualquier creencia u orientación religiosa.

De esta manera, proponemos la eliminación del currículo de cualquier asignatura que desarrolle la enseñanza de cualquier religión o creencia, integrando en el mismo una asignatura troncal, -desde la Enseñanza Primaria hasta los estudios universitarios-, que forme a los educandos en la línea que comentaba en un párrafo anterior.

Tal vez así, aquellos que están llamados a sucedernos, conocedores de sus derechos y obligaciones, no tengan que esperar más de treinta años para expresar la rotunda oposición ante las veleidades de nuestros representantes políticos.

Pedro L. Alcántara

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